Guatemala
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Guatemala: Congreso prohíbe matrimonio igualitario y eleva penas del aborto

Con 102 votos a favor, los parlamentarios del país decidieron reformar el Código Civil y retrocediendo en los derechos de la comunidad LGBTQ+

Malas noticias para la comunidad LGBTQ+ latina. Durante la jornada del martes, el Congreso de Guatemala aprobó la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, que prohíbe el matrimonio igualitario y eleva las penas de prisión por abortar en el país.

La nueva legislación deriva de la iniciativa 5272 planteada en 2017.

Retroceso en los derechos para la diversidad

La controvertido proyecto logró su aprobación la noche del 8 de marzo con 102 votos a favor de legisladores oficialistas. Mientras solo ocho legisladores votaron en contra y otros 50 decidieron abstenerse.

Con ese paso, la nueva normativa aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años, modificando con penas de hasta 5 años de prisión como mínimo.

Esto, para aquellas que «se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo». Actualmente, el aborto se permite en el país cuando la vida de la madre corre peligro.

De igual forma, la reciente ley prohíbe la posibilidad de contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo así como enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.

Solo falta la firma

Si bien el parlamento guatemalteco voto a favor de aprobar la Iniciativa 5272, por ahora queda pendiente su publicación y entrada en vigor en el país. Para ello, el Presidente Alejrando Giammattei deberá firmarla.

Todavía no está claro si el mandatario la ratificará, pero muchos miembros de su partido, el grupo conservador Vamos, votaron a favor. De hacerlo, reformará el Código Civil de Guatemala para «prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo».

Además de evitar que las escuelas guatemaltecas enseñen a sus alumnos «cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal».

Presentada hace cinco años por parlamentarios “provida”, la nueva legislación significa un retroceso para la libertad y una violación de derechos para la comunidad LGBTQ+, donde opositores del proyecto la califican como “inconstitucional” y llamar a desafiarla.

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