Paridad jurídica al debe: estudio revela que las mujeres acceden a solo el 66 % de sus derechos legales

Frases que antes se susurraban hoy forman parte de un clamor colectivo que el sistema judicial ya no puede ignorar. Testimonios sobre la falta de acción en materia de seguridad para las mujeres ponen en evidencia una grieta estructural, tal como lo revela un reciente estudio de ONU Mujeres.

Si las leyes deben reflejar los valores de una sociedad, el diagnóstico actual es poco alentador. Según datos de la investigación, ninguna nación en el mundo ha logrado una paridad jurídica total; en la práctica, esto significa que las mujeres y niñas enfrentan un entorno donde sus derechos a la seguridad y la libertad siguen condicionados por leyes sesgadas.

Según el informe, en todo el mundo, "las mujeres solo tienen dos tercios de los derechos jurídicos de los que disfrutan los hombres".

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El camino a la paridad jurídica

Teniendo en cuenta que la justicia no es un concepto abstracto, sino una herramienta de reparación, ONU Mujeres expone que el estándar de una justicia funcional en la práctica debería garantizar el acceso a:

• Erradicación de la impunidad: "Una mujer debe poder llamar a la policía cuando sufra malos tratos, sin temor a la inacción ni a ser objeto de represalias. Las y los agresores saben que la justicia les exigirá responsabilidades".
• Eliminación de la discriminación económica y social: "La ley debe garantizar a las mujeres el mismo salario por un trabajo de igual valor, y estas deben poder llevar el caso ante los tribunales por discriminación cuando esta ley se incumpla. Otro ejemplo: debe protegerse legalmente el derecho de una niña a asistir a la escuela, de manera que pueda crecer con las mismas oportunidades que sus compañeros varones".
• Sistemas libres de estereotipos: "La policía, las y los abogados , jueces y otros miembros del sistema de justicia deben dejar de juzgar a las mujeres y niñas con base en estereotipos y prejuicios de género para que las supervivientes no vuelvan a ser victimizadas o culpabilizadas y se haga justicia".
• Defensa legal universal: "Por ejemplo, se debe ofrecer asistencia jurídica gratuita a una mujer que no pueda pagar los honorarios correspondientes, y dicha mujer debe poder denunciar una injusticia con independencia de su raza, lengua, ingresos o situación de ciudadanía".
• Servicios de recuperación integral: "Las supervivientes de la mutilación genital femenina (MGF), la violencia sexual o los abusos en línea deben poder acceder a los centros de salud, al asesoramiento y a los servicios sociales que necesitan para recuperarse".

Los impedimentos de una paridad jurídica

Para organismos como ONU Mujeres, la falta de este acceso tiene consecuencias devastadoras: las mujeres y niñas quedan privadas de mecanismos para exigir responsabilidades a sus agresores. En este escenario, se vulneran derechos, se invisibilizan los abusos y los delitos permanecen en la impunidad, dejando el poder en manos de los victimarios. Cuando esto sucede, es la sociedad entera la que pierde.

Según el estudio, aún queda un largo camino por recorrer. En 7 de cada 10 países analizados, las mujeres se enfrentan a mayores obstáculos que los hombres para acceder a la justicia. Entre los principales impedimentos se encuentran:

1. Estigmatización social: "incluso cuando las mujeres denuncian una injusticia, puede cuestionarse su credibilidad. Algunas supervivientes corren el riesgo de sufrir represalias y estigmatización social por denunciar a quien las ha agredido".
2. Falta de paridad del sector: "el sector de la justicia está abrumadoramente dominado por los hombres: ellos son quienes redactan las leyes, los policías que las hacen cumplir y los jueces que deciden a quién se cree. Esto hace que el sistema judicial esté menos informado sobre las mujeres y niñas y que su rendición de cuentas ante ellas sea menor".
3. Brecha de implementación: "con independencia de cómo esté redactada una ley, las mujeres y niñas siguen enfrentándose a obstáculos en la práctica, como los costos, la distancia, el idioma y las responsabilidades de cuidados que las privan de tiempo para desenvolverse en el sistema jurídico. Puede que ni siquiera conozcan sus derechos legales. La brecha es aún peor para las jóvenes, las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, quienes en ocasiones dependen desde el punto de vista económico o físico de las personas que abusan de ellas".
4. Amenazas tecnológicas: "la tecnología puede aprovecharse para ampliar el acceso a la justicia, incluida la información jurídica digitalizada y la celebración de audiencias en línea. Sin embargo, también crea nuevas fronteras para el abuso, por ejemplo, algoritmos sesgados en contra de las mujeres y niñas. La agresión cobra forma de violencia digital anónima –a menudo contra mujeres políticas, periodistas y activistas–, mientras que la normativa siempre va un paso atrás".
5. Crisis y conflictos: "los conflictos, catástrofes y crisis ponen a prueba el sistema judicial. La violencia doméstica se dispara. El Estado de derecho se debilita. De 2022 a 2024, la tasa de violencia sexual relacionada con los conflictos –incluidas las violaciones– aumentó un 87 por ciento. Las y los agresores gozan de una impunidad casi total".