¿Qué son los Pandora Papers y qué líderes políticos aparecen en la acusación?
El presidente Sebastián Piñera es uno de los mandatarios que aparecen en esta investigación periodística
La noticia política de esta semana es, sin lugar a dudas, la aparición del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la lista de los Pandora Papers (o Papeles de Pandora). Sin embargo, ¿qué son realmente estos documentos y por qué han causado tanto revuelo? ¡Aquí te ayudamos con una explicación!
¿Qué son los Pandora Papers?
Los Pandora Papers son el resultado de una de las mayores investigaciones periodísticas de la historia en donde participaron entidades de todo el mundo, entre ellos la Fundación Periodística LaBot y CIPER.
Estos consisten en la filtración de casi 12 millones de documentos confidenciales provenientes de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Bahamas. Claro está, todo enfocado en el hecho de las industrias “offshore”, fideicomisos ciegos y evasiones de impuesto.
En tanto al periodo de investigación, los Papeles de Pandora fueron recolectados durante casi dos años y abarcan más de cinco décadas de acciones que ahora están en el ojo del huracán, todo respaldado por textos, hojas de cálculo y correos electrónicos, según recoge El País.
En total, esta filtración nos presenta a más de 27 mil compañías y casi 30 mil beneficiarios de todo el mundo, entre ellos líderes del mundo.
¿Quiénes aparecen en la lista?
En total hay más de 330 políticos, 14 jefes de Estado en América Latina (ya sea activos como ex mandatarios) y más de 130 multimillonarios de la lista Forbes.
Uno de ellos, como ya sabrán, es Sebastián Piñera acusado explícitamente por la minera Dominga. Además aparecen Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana. En lo que a antiguos presidentes, están los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana.
¿Qué significa “offshore”?
Las sociedades offshore son las entidades que se crean en un país distinto al que reside su beneficiario. Según informa El País, esto no es un delito (tomando en cuenta que cada persona puede elegir dónde invierte). Sin embargo, el problema radica cuando estas se crean en jurisdicciones opacas buscando la menor carga impositiva.